Vivimos en una sociedad cada vez más polarizada. Las causas son múltiples, pero merece la pena detenernos en una de sus dimensiones: la político-económica y, particularmente, en cómo distribuimos los esfuerzos necesarios para afrontar problemas como el acceso a la vivienda.

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Proteger a las personas en situación de vulnerabilidad frente a la pérdida de su vivienda es una necesidad social prioritaria. También lo es afrontar la especulación que convierte un bien esencial en un mero activo financiero. Pero quizá deberíamos hacernos otra pregunta: ¿estamos actuando realmente sobre las raíces del problema o estamos trasladando parte de sus costes hacia quienes viven de su trabajo, de una pequeña actividad económica o del patrimonio construido durante años?

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No confundamos el colchón de una familia con el botín de un fondo de inversión, ni el patrimonio del esfuerzo con la especulación voraz. Una vivienda conseguida tras años de trabajo, unos ahorros familiares, un pequeño negocio o una renta complementaria no representan la misma realidad económica que grandes carteras inmobiliarias orientadas a la inversión. ¿Tiene sentido, entonces, legislar con el mismo rasero ante situaciones cuya capacidad económica y posición en el mercado son profundamente diferentes?

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Una política pública debe proteger a quien se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. Pero esa protección debería ser compatible con otra responsabilidad: no erosionar a quienes trabajan, emprenden, pagan impuestos y tratan de construir cierta seguridad económica. Porque, si las respuestas públicas terminan debilitando progresivamente a estos sectores, podríamos acabar produciendo precisamente aquello que pretendíamos combatir: mayor precariedad, mayor dependencia y una sociedad todavía más polarizada.

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También cabe preguntarse hasta dónde puede asumir el Estado de manera permanente los costes derivados de problemas estructurales sin comprometer recursos necesarios para otras políticas y servicios públicos, incluyendo, el garantizar el acceso a la vivienda mediante la promoción pública.

Si el pequeño patrimonio y las finanzas públicas absorben reiteradamente las consecuencias mientras permanecen intactas las dinámicas que originan el problema, ¿qué estamos solucionando realmente?

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Una sociedad cohesionada necesita solidaridad, pero también necesita que el esfuerzo tenga sentido. Necesita proteger a quien lo necesita sin convertir a quien ha conseguido una modesta estabilidad en responsable. La especulación voraz frente al pequeño patrimonio del esfuerzo. El legítimo rendimiento familiar frente a la colonización de los mercados. Tal vez ahí exista una distinción que nuestras políticas deberían tomarse mucho más en serio.

Porque la pregunta de fondo quizá sea esta: ¿cómo vamos a cohesionar la sociedad si, mientras intentamos reparar sus fracturas, terminamos desmantelando el tejido del esfuerzo?

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Actuar es urgente. Pero precisamente por eso conviene pensar bien antes de actuar: buscar soluciones justas, diferenciadas y sostenibles en el tiempo, capaces de proteger a las personas vulnerables sin crear nuevas vulnerabilidades. Y, sobre todo, capaces de llegar a la raíz de los problemas: cómo es la estructura de la distribución de la riqueza y quiénes tiene realmente el poder de acumularla, aunque hacerlo resulte mucho más difícil que repartir sus consecuencias entre quienes no son los principales responsables.

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Lucía López González

Asociación En Procesos

Imagen: Cuadro de M. Griñón 2012

Septiembre 2026